
Procedimiento
PRISM asesora a individuos encarcelados no representados por abogados que buscan un desagravio judicial. Estas personas a menudo enfrentan desafíos cuando agotan todos los procedimientos de recursos administrativos y se manejan con el sistema judicial civil.
Ley de reforma de litigios instituidos por individuos encarcelados (Prison Litigation Reform Act (PLRA))
Esta ley federal de 1996 de Estados Unidos limita la capacidad de los individuos encarcelados de iniciar acciones judiciales sobre las condiciones de encarcelamiento. Entre las disposiciones clave de la ley PLRA se encuentran las siguientes: 1. Cargos de tramitación: según la ley PLRA, las personas deben pagar cargos de tramitación para instituir un litigio, ya sea el pago completo o en cuotas, a menos que puedan demostrar que son indigentes y no pueden pagar. 2. Agotamiento de recursos administrativos: antes de iniciar un litigio sobre las condiciones de un centro correccional en un tribunal federal, los individuos encarcelados deben agotar todos los recursos administrativos en el sistema penitenciario. Es decir, deben presentar primero una queja ante los funcionarios penitenciarios y seguir los procesos de revisión internos antes de solicitar un desagravio judicial. 3. Regla de tres litigios: la ley PLRA incluye una disposición sobre tres litigios que prohíbe a los individuos encarcelados cuyos tres o más litigios anteriores fueron desestimados por carecer de méritos, o ser maliciosos, o no hacer valer un derecho, instituir otros litigios sin hacer el pago anticipado del cargo de tramitación. 4. Desagravios limitados: la ley PLRA limita los tipos de desagravio que los individuos encarcelados pueden solicitar en litigios relacionados con las condiciones de encarcelamiento. Restringe las medidas cautelares, a menos que el demandante pueda demostrar violaciones constantes de derechos constitucionales y limita la adjudicación de daños y perjuicios para lesiones emocionales o mentales, si no se comprueban lesiones físicas. En general, se sancionó la ley PLRA con la intención de reducir el número de litigios sin méritos o maliciosos, iniciados por individuos encarcelados, y aún permitir que los reclamos legítimos sobre las condiciones de encarcelamiento continuaran su curso en el sistema jurídico. Lamentablemente, a menudo es un obstáculo para que estas personas logren un desagravio.

